En las comunidades de propietarios es frecuente que surjan conflictos cuando un grupo de vecinos intenta asumir la gestión o cambiar al presidente y al administrador sin respetar los procedimientos que establece la Ley de Propiedad Horizontal.
La ley es clara: únicamente el presidente está facultado para convocar una Junta.
Si el presidente no lo hace, los propietarios que representen al menos el 25 % de las cuotas o propietarios pueden solicitarle formalmente la convocatoria; y solo si este no responde en un plazo razonable, podrán convocarla por su cuenta.
Cuando no se sigue este procedimiento (por ejemplo, si algunos vecinos convocan una reunión sin el presidente o no notifican adecuadamente a todos los propietarios), la Junta se considera irregular y los acuerdos adoptados son nulos de pleno derecho. Esto incluye nombramientos de nuevos cargos o decisiones sobre la administración de la comunidad.
En tales situaciones, el presidente y el administrador legítimos deben mantenerse en sus funciones, ya que entregar documentación o contraseñas a personas no reconocidas podría incluso constituir una infracción en materia de protección de datos.
Además, cualquier propietario afectado puede impugnar la Junta judicialmente y solicitar medidas cautelares urgentes para suspender sus efectos y restablecer la legalidad.
Por último, es importante que las entidades bancarias extremen la precaución antes de modificar las firmas autorizadas o el acceso a las cuentas de la comunidad, verificando siempre que los cargos han sido nombrados en una Junta válida.
En caso contrario, podrían incurrir en responsabilidad civil por negligencia.
En definitiva, el respeto al procedimiento legal en la convocatoria de las Juntas no solo garantiza la validez de los acuerdos, sino que protege a todos los propietarios y a los profesionales que intervienen en la gestión de la comunidad.
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