El Tribunal Supremo ya ha fijado criterios relevantes sobre cómo debe aplicarse el derecho a no autoinculparse en el ámbito tributario. Aunque esta cuestión ya había sido tratada anteriormente por la jurisprudencia, las resoluciones de 4 y 10 de diciembre de 2025 aportan una interpretación mucho más clara y sistemática sobre los límites entre el deber de colaboración con la AEAT y las garantías del contribuyente frente a un posible procedimiento sancionador.

Ser autónomo implica enfrentarse a muchas obligaciones fiscales: la cuota de autónomos, el IRPF, el IVA… y, por supuesto, aprender a deducir los gastos correctamente. Aprovechar las deducciones legales puede suponer un ahorro considerable, pero no todo lo que pagas es deducible. Incluir conceptos que no corresponden puede traer sorpresas desagradables si Hacienda detecta errores, con regularizaciones, intereses y posibles sanciones.

El alquiler turístico de habitaciones dentro de la vivienda habitual es una práctica cada vez más común, pero también una de las que más dudas genera a nivel fiscal. ¿Se considera una actividad económica? ¿Qué gastos pueden deducirse? ¿Tiene derecho a la reducción del 60 %?

El aumento de capital social en una Sociedad Limitada es una de las decisiones más relevantes que pueden adoptar los socios a lo largo de la vida de una empresa. No solo permite reforzar la situación financiera de la sociedad, sino que también sirve como herramienta estratégica para incorporar inversores, reorganizar el accionariado o evitar situaciones de desequilibrio patrimonial.

El Régimen Especial de Bienes Usados (REBU) es una herramienta fiscal que regula cómo se aplica el IVA en la compraventa profesional de productos de segunda mano, antigüedades, objetos de colección, libros, discos o soportes audiovisuales. Su finalidad es facilitar la actividad de los revendedores, permitiendo que el impuesto se aplique solo sobre el beneficio real obtenido y no sobre el precio total de venta.

Gestionar una consulta de psicología implica mucho más que atender pacientes. Mientras te concentras en tu labor clínica, hay una parte del negocio que suele quedar en segundo plano y que, sin embargo, puede generarte problemas serios: la fiscalidad y las obligaciones como autónomo. Cada año, numerosos psicólogos reciben requerimientos de Hacienda o de la Seguridad Social no por fraude, sino por desconocimiento, errores técnicos o decisiones mal tomadas al inicio de la actividad.

El ejercicio 2026 no supone únicamente la entrada en vigor de determinadas normas fiscales, sino que consolida un cambio de paradigma que la Administración tributaria lleva tiempo preparando. Nos encontramos ante un modelo en el que el control, la trazabilidad de la información y la coherencia entre datos cobran un protagonismo absoluto. Esto afecta tanto a grandes estructuras como a contribuyentes con situaciones sencillas, y obliga a replantear la forma en la que se afrontan las obligaciones fiscales.

El Gobierno ha decidido ampliar un año el plazo para que entre en vigor el sistema de facturación digital Verifactu, aplazamiento que ya ha ocurrido con anterioridad, una herramienta clave dentro de la estrategia de digitalización y control fiscal impulsada por la Ley Antifraude. Aunque su aplicación obligatoria estaba inicialmente prevista para el 1 de enero de 2026, finalmente no será hasta 2027 cuando empresas y autónomos deban adaptarse.

La sentencia del TSJ de la Región de Murcia de 2 de octubre de 2025 analiza un problema que continúa generando controversia en el ámbito tributario: la validez de las notificaciones electrónicas cuando la Administración omite el aviso previo de puesta a disposición previsto en el artículo 41.6 de la Ley 39/2015. El caso parte de una diligencia de embargo de cuentas por importe de 91.706 euros dictada en un procedimiento de apremio. La mercantil afectada alegó que no tuvo conocimiento de la notificación de la providencia de apremio ni de otras comunicaciones relacionadas con la comprobación limitada previa, lo que a su juicio le generó una situación de indefensión.

En la actualidad, los activos intangibles (como las marcas, las patentes y los nombres de dominio) representan una parte esencial del valor de una empresa o emprendimiento. Son la base de su identidad, su innovación y su proyección comercial. Sin embargo, su protección no se limita al simple registro del derecho: requieren una gestión constante y actualizada.