La sentencia del TSJ de la Región de Murcia de 2 de octubre de 2025 analiza un problema que continúa generando controversia en el ámbito tributario: la validez de las notificaciones electrónicas cuando la Administración omite el aviso previo de puesta a disposición previsto en el artículo 41.6 de la Ley 39/2015. El caso parte de una diligencia de embargo de cuentas por importe de 91.706 euros dictada en un procedimiento de apremio. La mercantil afectada alegó que no tuvo conocimiento de la notificación de la providencia de apremio ni de otras comunicaciones relacionadas con la comprobación limitada previa, lo que a su juicio le generó una situación de indefensión.

En la actualidad, los activos intangibles (como las marcas, las patentes y los nombres de dominio) representan una parte esencial del valor de una empresa o emprendimiento. Son la base de su identidad, su innovación y su proyección comercial. Sin embargo, su protección no se limita al simple registro del derecho: requieren una gestión constante y actualizada.