Si tú o un familiar estás enfrentando secuelas del COVID-19 que dificultan tu vida laboral, no dejes que la falta de información o la disparidad de criterios judiciales afecten tu derecho a una pensión justa. Contar con una abogada especializada en incapacidad laboral puede marcar la diferencia: te ayudo a preparar la documentación médica, presentar argumentos sólidos y maximizar las posibilidades de que la Seguridad Social reconozca la incapacidad en el grado adecuado. Convertir tus derechos en resultados reales es posible.
El síndrome postcovid sigue siendo un desafío tanto médico como jurídico en España. Uno de los aspectos más controvertidos es la determinación de la incapacidad permanente absoluta, especialmente cuando las secuelas de la infección afectan la capacidad laboral de forma persistente. Los tribunales superiores de justicia muestran criterios dispares, lo que genera incertidumbre para trabajadores y profesionales del derecho.
En Castilla y León, la STSJ n.º 648/2024 reconoció la incapacidad permanente absoluta a una diseñadora gráfica afectada por cefalea crónica postcovid y alteraciones cognitivas derivadas del COVID persistente. Los informes médicos indicaban limitaciones significativas en atención, memoria y capacidad de concentración, elementos esenciales para su profesión.
La sentencia destacó que el dolor y malestar diarios hacían inviable desempeñar su trabajo de manera normal, y ordenó a la Seguridad Social abonar la pensión correspondiente al 100% de la base reguladora.
En contraste, la STSJ de Cantabria, rec. 189/2025, adoptó un enfoque más restrictivo. La Sala reconoció que la actora presentaba secuelas como astenia, disnea y deterioro cognitivo, pero concluyó que estas limitaciones afectaban su desempeño habitual como auxiliar de enfermería, sin impedir el ejercicio de otras actividades laborales más sencillas o sedentarias. Por ello, se concedió incapacidad permanente total para su profesión específica, pero no absoluta.
Estos casos ponen de manifiesto la importancia de la valoración individualizada de cada caso, considerando pruebas médicas, informes periciales y características concretas del puesto de trabajo. La diferencia entre tribunales evidencia que no existe un criterio uniforme, y que cada resolución depende de la interpretación de los jueces sobre la capacidad funcional real del afectado.
Para quienes enfrentan secuelas postcovid que impactan su vida laboral, contar con asesoramiento especializado es clave. Un abogado experto puede ayudar a presentar la documentación médica de forma sólida y argumentar la incidencia de las limitaciones en la profesión, aumentando las posibilidades de que la incapacidad se reconozca en el grado correspondiente.
El síndrome postcovid no solo plantea desafíos médicos, sino también legales. Cada caso es único, y la experiencia jurídica puede marcar la diferencia entre una incapacidad reconocida plenamente o limitada a un ámbito profesional específico.
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